El pasado 23 de julio se publicó la lista definitiva de personas seleccionadas para ejercer como docentes en centros públicos de Extremadura. Así concluye un proceso que, un año más, ha supuesto meses e incluso años de preparación para cientos de aspirantes y una enorme responsabilidad para quienes hemos formado parte de los tribunales.
Escribo estas líneas como maestra de Educación Infantil y miembro de uno de esos tribunales. Creo firmemente que el acceso a la función pública debe estar presidido por los principios de igualdad, conocimientos, mérito y capacidad. Precisamente por eso considero necesario abrir una reflexión sobre algunos aspectos que podrían mejorarse.
Quienes hemos integrado los tribunales sabemos que detrás de cada aspirante hay mucho más que un examen. Hay años de estudio, formación continua, experiencia profesional, sacrificios personales y familiares, inversión económica y una enorme vocación por la enseñanza. Esa realidad nos ha acompañado en cada deliberación.
Nuestra obligación ha sido actuar con rigor, objetividad e imparcialidad. Y así lo hemos hecho. Sin embargo, cumplir la norma no siempre impide sentir que determinadas consecuencias resultan difíciles de comprender y asumir.
Durante estas semanas hemos tenido que calificar en ocasiones con un cero a opositores que habían realizado exposiciones brillantes de sus unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Personas que demostraron conocimientos sólidos, capacidad pedagógica, creatividad, dominio del currículo y excelentes habilidades comunicativas. La razón no fue una falta de preparación, sino determinados incumplimientos formales relacionados con el uso de un guion y materiales auxiliares. La convocatoria establece esa consecuencia y los tribunales estamos obligados a aplicarla.
Pero precisamente porque conocemos el proceso desde dentro, creo que merece la pena plantear una pregunta: ¿es proporcionado que un defecto formal pueda anular por completo una prueba en la que el aspirante ha demostrado sobradamente su valía?
No se trata de eliminar normas ni de restar garantías al procedimiento. Se trata de distinguir entre aquellas conductas que realmente comprometen la igualdad del proceso y aquellos errores formales cuya sanción quizá debería ser diferente. Un sistema exigente también debe ser proporcionado.
Del mismo modo, considero que sería positivo reforzar la transparencia para próximas convocatorias. Cuando una penalización formal obliga a transformar una calificación en un cero, el aspirante debería conocer cuál hubiera sido la valoración obtenida antes de aplicar esa penalización. Esa información no modificaría el resultado final, pero sí permitiría comprenderlo y aportaría mayor confianza en el procedimiento.
También convendría revisar algunos aspectos que, aunque puedan parecer menores, transmiten una determinada imagen del proceso. Resulta difícil entender que el tiempo de preparación previo a la exposición siga denominándose habitualmente «encerrona», una expresión que poco tiene que ver con el respeto y la profesionalidad que merece un procedimiento selectivo de esta importancia. Quizá “sala de preparación” describa mucho mejor lo que realmente es.
Y hay una cuestión que no puede pasarse por alto: las condiciones materiales en las que se desarrollan las pruebas. Opositores y tribunales hemos afrontado largas jornadas en aulas con temperaturas superiores a los 35 grados. Quienes aspiraban a demostrar todo aquello para lo que llevaban años preparándose, y quienes teníamos la responsabilidad de evaluarlos, lo hicimos en unas condiciones que distan mucho de ser las adecuadas para una prueba de esta trascendencia.
Por ello, creo que la experiencia de esta convocatoria debería servir para abrir un diálogo entre la Administración educativa, organizaciones sindicales y demás estamentos implicados en este proceso. Escuchar a quienes hemos formado parte desde perspectivas diferentes puede contribuir a construir un sistema más sólido, más transparente y más justo.
Porque la excelencia de un proceso selectivo no se mide únicamente por el cumplimiento estricto de sus normas. También se mide por su capacidad para valorar de forma equilibrada el mérito y la competencia profesional de quienes aspiran a enseñar.
Una maestra de Educación Infantil y miembro de un tribunal de oposiciones.
